GMG-IMPLICA realiza informes de viabilidad para promociones de vivienda social para las administraciones locales

La entrada en vigor del Decreto Ley 17/2019, que modifica la actual Ley de urbanismo, genera mayores obligaciones para los Ayuntamientos en cuanto a actuar para garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía. La intención de esta nueva legislación es movilizar los terrenos del patrimonio municipal para que se creen más viviendas sociales, preferentemente en régimen de alquiler, y conservando la titularidad pública del suelo.

Ante este nuevo marco legal, muchos Ayuntamientos están analizando qué posibilidades tienen de iniciar nuevas promociones de vivienda protegida o de alojamiento dotacional. El problema ahora ya no es la falta de suelo público -la legislación urbanística vigente ha dotado a los Ayuntamientos de terrenos con esta finalidad- sino los recursos disponibles para ejecutar estas promociones.

En este contexto, el equipo de GMG-IMPLICA ha estado trabajando recientemente en el estudio de viabilidad de algunos de estos terrenos para varios entes públicos: Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Castellar, PUMSA, Ayuntamiento de Mataró… Se trata de trabajos muy transversales ya que deben analizarse desde el punto de vista económico, arquitectónico, urbanístico, y en ocasiones también social, cuando es necesario previamente analizar la demanda de vivienda. Se trata por tanto de un campo en el que los profesionales de GMG-IMPLICA podemos ofrecer un buen servicio.

El trabajo comienza por el estudio de uno o varios solares municipales a nivel arquitectónico -o en ocasiones a partir del análisis previo a nivel más general del patrimonio municipal de suelo- para hacer una valoración precisa de costos, y a partir de ahí evaluar la viabilidad económica de la promoción teniendo en cuenta las diferentes variables que condicionan el resultado: proyección de ingresos, subvenciones, financiación, etc. En función del origen y la calificación del suelo se estudian las posibilidades de promoción en las diversas modalidades admitidas: promoción pública, concesión, derecho de superficie, enajenación, permuta… En caso de que no se logre un grado de viabilidad suficiente, se pueden plantear alternativas que en ocasiones pueden implicar actuaciones a nivel urbanístico (modificación del planeamiento, instrumentos de gestión) o a nivel económico (mayores aportaciones públicas, etc.).

El objetivo final es ver qué posibilidades reales se pueden plantear para ejecutar estas viviendas. Pocos ayuntamientos pueden asumir la promoción pública de este tipo de proyectos, pero hay otras vías, en función de las condiciones de cada caso, que pueden resultar atractivas para otros agentes, como fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, empresas promotoras, cooperativas, etc.

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